En una entrevista con un medio nacional, el presidente Alberto Fernández volvió a mencionar la posibilidad de crear una empresa testigo “para ordenar” el mercado de comercialización de granos y de alimentos en general.
Y mencionó específicamente que si bien en 2020 finalmente descartó la estatización, porque –según explicó- “le hubiera hecho un favor a los acreedores, no a la Argentina”, el gobierno siguió trabajando “y ahora hay un escenario donde, tal vez, podamos hacer algo. No digo que esté seguro, pero sí que tenemos un escenario más favorable que aquel”.
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Los entrevistadores le preguntaron si sería posible “pensar en una empresa pública de alimentos” y el presidente respondió planteando: “la Argentina tiene que repensar su estructura en materia alimentaria, así como en el tema de comercialización de cereales. Les doy un ejemplo: el gas en boca de pozo lo estamos pagando USD 3,40 (el millón de BTU), y en EEUU está a 6,50. Eso es el resultado, en gran medida, de que esté YPF en manos del Estado. Una empresa testigo que te ordene el mercado no es algo menor”.
Planteó así nuevamente a YPF como posible vehículo de la intervención estatal. En el primer intento, había sido específicamente a través de YPF Agro.
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“Ahora, nosotros en materia alimenticia tenemos que hacer algo que nos permita de algún modo intervenir para ordenar estas cosas”, prosiguió el presidente. “No se trata de la Junta Nacional de Granos, sino de buscar más herramientas. En su momento, la alternativa Vicentin la descarté, porque era hacerle un favor a los acreedores, no a la Argentina”, Sin embargo, continuó, “en el escenario actual, en el que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ha intervenido (mediante la suspensión del proceso de convocatoria) y se podría dar la posibilidad de cramdown (propuesta de solución de la deuda de los principales acreedores principales, incluido el Banco Nación), yo dije estudiémoslo porque es posible. Lo que no es posible es esta lógica de ‘expropiemos empresas de cualquier modo’ porque después se paga lo que no corresponde. Y yo no quiero hacer eso”.
En ese contexto, dijo Alberto Fernández, “el Banco Nación es un acreedor privilegiado y puede ser determinante de la quiebra o de la continuidad. Ahora, si somos garantes de la continuidad, entonces pondremos las condiciones para que sea posible”.
Desde el primer día
El presidente subrayó además que avanzar en esa alternativa fue “la decisión que tuve el primer día”. Así lo explicó: “Cuando me metí, en 2020, con la intervención, pero con mucha interferencia del juez de la convocatoria. Entonces vi que podía obligar a los argentinos a pagar una deuda cuantiosa, que no era razonable. Por eso retrocedí. Retrocedí de la estatización, pero seguimos trabajando la alternativa del cramdown y ahora hay un escenario donde, tal vez, podamos hacer algo. No digo que esté seguro, pero sí que tenemos un escenario más favorable que aquel”.
Según el presidente, un problema que encontró en su intento anterior fue que Vicentin fue convertido “en un problema ideológico, y no es un problema ideológico, es un problema de oportunidad”.
“Yo estoy convencido –explicó- de que lo que nosotros tenemos que garantizar es terminar con estos oligopolios, monopolios, y cuando estos sistemas existen, como el caso de las 7 u 8 cerealeras que existen en Argentina, si el Estado tuviera una cerealera que exporta, tendríamos posibilidades de intervención en favor del mercado, en favor de los argentinos. Pero eso no hay que hacerlo de cualquier modo”.
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