Confirman la prisión para secretaria de un colegio privado

07-04-2017 | JUDICIALES | REEMPLAZOS FALSOS
Confirman la prisión para secretaria de un colegio privado

La Cámara de Apelación Penal confirmó la prisión preventiva para la secretaria del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, María de los Milagros Mosset (48), acusada de liderar una organización delictiva dedicada a truchar licencias y reemplazos docentes en el sistema informático del Ministerio de Educación de la provincia.

La resolución fue dictada el pasado 23 de marzo por el juez de Cámara, Bruno Netri, luego de una audiencia de apelación fijada para el 16 de marzo en la Sala V del primer piso de tribunales. En dicha audiencia, los abogados del Servicio Público de la Defensa, Javier Casco y Gustavo Durando, cuestionaron la calificación legal empleada, así como la falta de argumentos esgrimidos por el juez de primera instancia para fundar el peligro de fuga y entorpecimiento probatorio de su defendida, entre otros puntos atacados.

Por su parte, el fiscal de Cámara Carlos Raúl Romero, junto con el fiscal Roberto Apullán, solicitaron la confirmación íntegra de la resolución del 22 de diciembre del año pasado, cuando el juez de la investigación penal preparatoria, Jorge Pegassano, dictó la prisión para Mosset.

Fundamentos

El fallo, que tiene 27 de fojas, validó la decisión del juez Pegassano, que dictó la prisión preventiva el 22 de diciembre pasado, tras una audiencia oral de más de cuatro horas de duración. Asimismo, el camarista respaldó los fundamentos escritos puestos a consideración de las partes al día siguiente -23 de diciembre-.

Luego de repasar punto por punto los elementos de prueba que fueron valorados por la Justicia de primera instancia, el camarista recordó que también se acreditó "el vínculo entre los consortes de la causa y el tiempo de su prolongación, desde mediados de 2015, hasta, al menos, el 18 de marzo de 2016 cuando se denunciaron formalmente los hechos".

De las escuchas telefónicas, las intervenciones de internet y las declaraciones que hicieron las coimputadas, el juez "corroboró la acreditación de aquellos lazos, al igual que los roles que desempeñaron las imputadas en la empresa criminal investigada y sus relaciones, con específica referencia de la señora Mosset como organizadora y jefa de aquélla".

Denuncia de la ministra
La investigación comenzó con una denuncia de la ministra de Educación, Claudia Balagué, el 19 de mayo ante el Ministerio Público de la Acusación. La maniobra, consistente en cargar en el sistema informático que utiliza el Ministerio de Educación denominado Sarh horas cátedra de reemplazo que eran irreales o falsas, se venía desarrollando desde mediados de 2015 en el sistema de educación pública, pero se estima que desde mucho antes en el privado. El ingreso de la información al sistema se llevaba a cabo utilizando el usuario y contraseña de las escuelas afectadas y de los destinatarios del dinero.

Por ese motivo Mosset quedó detenida el 19 de diciembre del año pasado, junto a otras tres mujeres que luego recuperaron la libertad. Para el MPA la secretaria del colegio privado es la "jefa y organizadora de la asociación ilícita que consumó 274 defraudaciones y realizó otras 100 en grado de tentativa, todas en perjuicio de la administración pública provincial", según informó la oficina de prensa del MPA el año pasado. La figura penal alcanzó al resto de las coimputadas, Alejandra Carolina Andino, Ana María Rodríguez y Marianella Teresa Sánchez a quienes se le atribuyó el rol de "organizadoras", pero se les concedió la libertad.

Las tres prestaron declaración en sede judicial y señalaron a Mosset como la única responsable; además se mostraron dispuestas a colaborar con la investigación fiscal. "A diferencia de la mujer que quedó detenida, los datos aportados por estas tres mujeres son considerados como una colaboración para la investigación", dijeron los fiscales.
Perjuicio económico

Según estimaciones oficiales, sobre el período investigado, el monto del perjuicio al erario público es de 136.755,82 pesos. Los fiscales precisaron que "estas personas habían descubierto una "vulnerabilidad" del sistema que les permitió conseguir que la cartera educativa provincial abonara los respectivos rubros por reemplazo falsos en las cuentas sueldo de cada uno de los beneficiarios".
Otros imputados

Dos días después de las detenciones, el 21 de diciembre de 2016, los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí imputaron a dos hombres y ocho mujeres, considerados miembros de una asociación ilícita y defraudación al Estado provincial. Las diez audiencias se celebraron en fiscalía, con los investigados en estado de libertad, informó la oficina de prensa del Ministerio Público de la Acusación. Las diez personas están acusadas de haber defraudado al Estado "a través de la carga de horas cátedra irreales o falsas en el sistema informático del Ministerio de Educación, para luego cobrarlas", ampliaron los investigadores.

Fuente: SM / El Litoral