Crisis mapuche en el sur: nueva negociación y cortocircuito entre la comunidad y la familia del joven muerto
Los mapuches de la comunidad Lafken Winkul no bajan ni se van: la toma del predio de Villa Mascardi, hasta ahora, se mantiene.
Ayer, el abogado Rubén Marigo, perteneciente a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y que interviene en el conflicto, estimaba que cerca de 15 miembros de la comunidad todavía se encuentran en la montaña, entre ellos mujeres, niños y la soldado voluntaria Joana Micaela Colhuan, herida de bala. Y mientras el juez federal Gustavo Villanueva -que ordenó la redada de desalojo que desembocó en la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel el sábado último y el encargado de investigar su muerte- enfrenta severas críticas por parte de los ministros Bullrich y Garavano, la negociación para destrabar el conflicto continúa.
Hoy por la mañana, en Bariloche, en la sede de la UNTER, el sindicato de trabajadores de la educación de Río Negro, la "mesa de diálogo" del caso se encontrará en una nueva reunión, según confirmó a Infobae la abogada Natalia Araya, también miembro de APDH y presentada como querellante en el expediente por la muerte de Nahuel. El objetivo de la mesa: eliminar la causa que tramita en el Juzgado Federal de Bariloche, "que Parques Nacionales, que es el titular del predio de Villa Mascardi, retire la denuncia por usurpación, que sigue vigente y buscar un marco político en vez de judicial, discutir con Parques Nacionales con antecedentes históricos de la presencia mapuche en la zona", asegura Araya.
A la mesa de diálogo no está invitado el juez Villanueva, apunta la abogada, pero sí participará Parques Nacionales y "fue citado el Ministerio de Seguridad de la Nación". Los presentes serán los abogados de la APDH, el obispo de Bariloche, monseñor Juan José Chaparro, miembros del Parlamento Mapuche, Juan Grabois, referente del MTE y dos diputados nacionales, Silvia Horne, rionegrina y parte del Movimiento Evita y Leonardo Grosso, bonaerense, también parte del Movimiento Evita y que visitó el Vaticano en 2016.
El diputado Grosso apunta, cerca del mediodía: "Hubo gestiones políticas que se hicieron de todas las partes para que el Gobierno se siente en la mesa. Se contactó a un funcionario del Poder Ejecutivo, pero el Gobierno fue muy claro en la conferencia de ayer cuando dijo que no se sentaría a negociar poniendo como excusa a la RAM. Acá, todos saben que la RAM no tiene nada que ver con lo que pasa en Villa Mascardi. Participaría alguien del gobierno provincial de Río Negro, pero no hay nada definido."
De vuelta al juez Villanueva y a las críticas que enfrenta desde los ministerios de Justicia y Seguridad, Araya considera que "lo que pasa es que hay un desentendimiento total, intentan justificar la represión y que el juez pague el pato de lo que pasó, el juez dijo que iba a respetar los cuatro días de ceremonia por la muerte de Rafael, pero no dijo que no iba a ingresar". La supuesta aceptación de condiciones impuestas por la comunidad mapuche es el centro de las objeciones provenientes de los frentes de Bullrich y Garavano: Araya asegura que hay un acta firmada por Villanueva, la APDH y el obispo Chaparro.
Ayer por la tarde trascendió que un intento de la Policía Federal de ingresar al predio lindero a la Ruta Nacional 40 sur para realizar peritajes para investigar la muerte de Rafael Nahuel fue frustrado por un ataque a piedrazos de los miembros de la comunidad.
"Eso es falso", asevera Araya: "No había orden de entrar y el juez no estaba." Una alta fuente de los organismos de seguridad, con información directa de lo que ocurre en Villa Mascardi, afirmó a Infobae que "los piedrazos a la PFA existieron" pero que "se recibieron en la ruta, ocurrieron en el control de perímetro de la zona que la PFA tiene asignada, no en el contexto de tareas investigativas o de búsqueda de pruebas, la PFA solo está en el perímetro, esa es la orden del juez".
La Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía de Río Negro serán las encargadas de investigar lo ocurrido el sábado en la montaña así como la muerte de Rafael Nahuel, de acuerdo al comunicado emitido por el domingo por el Juzgado Federal de Bariloche. Por lo pronto, efectivos de PSA que fueron enviados desde Capital Federal para sumarse a los ya apostados en el aeropuerto de Bariloche ya se encuentran en la zona.
El cuerpo de Rafael Nahuel ya está en la tierra; fue sepultado ayer tras ser velado en la casa de su familia en el barrio Nahuel Hue. La abogada Araya afirma que la APDH ya se presentó como querellante en la causa -que al menos hasta ayer por la tarde estaba bajo secreto de sumario según fuentes cercanas al juez Villanueva- y que su primera medida será pedir los resultados de la autopsia y también solicitar, si es que todavía no fue ordenada, la pericia de barrido sobre las manos de Rafael para determinar la existencia de restos de pólvora.
Por lo pronto, voces cercanas a la comunidad mapuche hablan de un cortocircuito entre la comunidad Lafken Winkul y la familia Nahuel: "La comunidad quería enterrar a Nahuel en la montaña, la familia no. Hay roces. La madre está dolida, tiene temor, su hijo murió en la reivindicación de un territorio".
"Ustedes me lo trajeron en un cajón", lanzó Graciela Salvo, la madre del joven antes de su entierro en el cementerio local, señalando a la comunidad, según informó el sitio rionegro.com.ar. El obispo Chaparro encabezó la ceremonia religiosa. Los padres del joven se opusieron a que Rafael fuese enterrado bajo el rito mapuche, el eluwun, que dura varios días.