El juez federal Sergio Torres dispuso en las últimas horas la libertad de los dos activistas de izquierda que estaban detenidos por agredir a un policía de la Ciudad durante los violentos incidentes del 18 de diciembre pasado, en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde se realizó una manifestación en contra de la reforma previsional, que finalmente se aprobó.
Se trata de César Arakaki, miembro del sindicato de actores –aunque solo se le conoce una participación en el corto "La señora"– y Dimas Ponce, un abogado de 26 años, también militante del Partido Obrero, quienes fueron fotografiados agrediendo al oficial Brian Fernando Escobar, que formó parte del operativo de seguridad y en ese momento estaba tirado en el piso.
La decisión que tomó este martes el juez Torres motivó la crítica de varios especialistas en derecho penal. El abogado y ex consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi aseguró que el magistrado carece de sentido común y que su fallo "es mucho más grave de lo que parece".
"La interpretación de pruebas de algunos jueces es tan absurda que hasta pueden decir que estos Arakaki y Ponce le estaban pegando a la vereda, no al policía desmayado", sentenció.
Fargosi también advirtió que lo de Torres es un "notorio y lamentable ejemplo del zaffaronismo, del doble estándar de algunos jueces y fiscales para evaluar los hechos según se trate de víctimas y victimarios, sobre todo si los victimarios son de izquierda y las víctimas son policías o ciudadanos inocentes".
El abogado penalista José Luis Ferrari aseguró que "el juez Torres hizo la plancha" y eso quedó demostrado al reclamar –en su fallo– un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones. "Este tipo de situaciones se van a volver a plantear en la medida que se vuelvan a registrar ataques de manifestantes a policías", advirtió.
Eduardo Gerome recordó que aquel día hubo 70 vándalos que causaron lesiones a la policía y destrozos a los bienes públicos y que incluso las imágenes de la televisión los mostraron a muchos en el preciso momento que lo hacían. Sin embargo, para la Justicia esto fue un hecho menor, porque inmediatamente fueron liberados. "Este es el peor mensaje que se le puede dar a la sociedad y para los violentos también porque los incita a seguir haciendo lo mismo en la medida que no haya un correctivo firme. La liberación automática sin investigar a cada uno no es una acertada medida judicial", enfatizó el abogado penalista.
Incluso, la decisión del juez Torres motivó que se lanzara una petición en el sitio web Change.org para que sea sometido a juicio político.
Para Gabriel Iezzi, por la agresividad que manifestaron los imputados y por todo lo que se vivió aquel día, no pueden quedar liberados así nomás. "En nuestro contexto quizás sea una resolución ajustada a derecho, pero las resoluciones judiciales tienen que ir acompañada de los tiempos que se viven. Esto debería de haberse mantenido con restricción de libertad", afirmó el abogado.
Según consta en el expediente judicial, Escobar sufrió como consecuencia de esa violenta agresión la fractura del hueso temporal del cráneo y la pérdida de la audición del oído izquierdo.
Ponce asegura –aunque se lo ve en el centro de los disturbios y a pocos metros del efectivo– no haber agredido a Escobar. Ante Torres el activista dijo que no recordaba exactamente qué es lo que sucedió en ese momento, aunque en las fotos tomadas se lo ve vestido con ropa deportiva color negra, sosteniendo una intimidante lanza y con una actitud que demostraría todo lo contrario a sus afirmaciones.
Como resultado de aquella violenta jornada, donde los activistas arrojaron casi 14 toneladas de piedras, la Policía de la Ciudad reportó que unos 90 efectivos debieron recibir asistencia médica por las agresiones. Incluso, algunos aún hoy no retornaron a su actividad.
Más allá de las imágenes y de que "ha quedado probado que el grupo en el que se encontraban Arakaki y Ponce tuvo, desde un primer momento, un despliegue orgánico", el magistrado no pudo comprobar que ambos militantes hayan sido los responsables de la fractura de cráneo y la pérdida de audición de Escobar.
Arakaki pasó solo 26 días en el penal de Marcos Paz, mientras que Ponce apenas 15 días en la cárcel de Ezeiza. Ayer al salir a la calle se encontraron, se fundieron en un abrazo y festejaron. El momento quedó registrado por sus compañeros de militancia.
A todo esto hay que sumarle que aún continúa prófugo Sebastián Romero, el militante del Frente de Izquierda (FIT) y precandidato a diputado nacional en 2015, que utilizó un mortero casero y disparó a quemarropa contra la columna de policías que formaban parte del operativo de seguridad montado para permitir que el Congreso sesione.
