De Vido recurrió a organismos internacionales de Derechos Humanos
15-11-2017 | NACIONALES | POR SU DETENCIÓN
De Vido recurrió a organismos internacionales de Derechos Humanos
La defensa del exministro de Planificación denunció que el encarcelamiento es "arbitrario e ilegal", después de que la Cámara Federal le negó la excarcelación
La defensa de Julio de Vido considera arbitraria e ilegal su detención
Después de que la Justicia se negó a excarcelar a Julio De Vido, la defensa del exministro de Planificación adelantó que apelará la medida y afirmó que la detención es “arbitraria e ilegal”. Los abogados del exfuncionario procesado por desvío de fondos en la compra de gas licuado denunciaron que su cliente es víctima de una “persecución judicial utilizada como herramienta de disputa política”. Además, informaron que llevaron el caso ante organismos internacionales de Derechos Humanos.
Los abogados consideraron que las causas que enfrenta el exministro no pueden ser un motivo para mantenerlo detenido. Así, acusaron a los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de “crear argumentos para sostener lo insostenible” y subrayaron que en otras investigaciones más avanzadas -como la Tragedia de Once- la Justicia no entendió que correspondía encarcelar a De Vido.
La defensa también cruzó al juez Claudio Bonadio por procesar a su cliente y aseguró que la Justicia “viola sistemáticamente los derechos de los ciudadanos”.
Este miércoles la Cámara Federal dejó firme la detención del exministro de Planificación, que había pedido ser excarcelado en la causa que lo investiga por sobreprecios y desvío de fondos en la compra de gas licuado.
El diputado del Frente para la Victoria quedó preso el 24 de octubre, cuando la Cámara Baja lo suspendió y le quitó los fueros parlamentarios. En su resolución, los jueces Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia señalaron que De Vido "es el vital protagonista" de la trama de sobreprecios por la que lo investigan.
El ex ministro de Planificación K está acusado de una millonaria estafa al Estado que se llevó a cabo en 2008. La sospecha de los investigadores es que el diputado ordenó importar 497 barcos de gas licuado para abastecer las plantas de Escobar y Bahía Blanca y que el Estado pagó 50 millones de dólares por cada buque, el doble de lo que saldría en el mercado.
Fuente: SM-TN
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