Echegaray, del ofrecimiento de Macri al ostracismo político y judicial y el caso Ciccone

El encuentro fue hace dos años y medio, en junio del 2015, en un conocido restaurante de sushi sobre la avenida Figueroa Alcorta que suele ser elegido por dirigentes políticos, empresarios y funcionarios judiciales de primerísima línea. En plena carrera presidencial, y en un apartado del resto del salón, Mauricio Macri le ofreció a Ricardo Echegaray continuar al frente de la AFIP, al menos por un año más hasta el vencimiento de su mandato, en diciembre del 2016. La reunión -hubo dos- fue confirmada en aquel momento a este medio por voceros del entonces candidato a presidente y del ex funcionario. Macri, Echegaray y sus entornos tenían una relación más que cordial.

El ex director del organismo recaudador agradeció el gesto de Macri pero rechazó la propuesta. El entonces jefe de Gobierno porteño disimulaba como podía su simpatía por el funcionario. Cargaba con dureza contra la procuradora Alejandra Gils Carbó y Alejandro Vanoli, en aquel entonces al frente del Banco Central, pero no así contra Echegaray. Devolución de gentilezas.

Echegaray había resistido hasta ese momento los embates de La Cámpora -la agrupación liderada por Máximo Kirchner que había copado el Estado-, las investigaciones judiciales que le habían abierto en los tribunales federales de Comodoro Py no le quitaban el sueño y la causa Ciccone, que lo había enfrentado en duros términos con Amado Boudou, apenas lo rozaba. Era el encargado de la recaudación impositiva, que Macri resaltaba. Pero más que eso, el funcionario amasaba una formidable base de datos que era le envidia hasta de los agentes de la ex SIDE.

Dos años y medio después de aquella reunión con Macri, Echegaray está solo. Desde que renunció en agosto del año pasado a la Auditoría General de la Nación (AGN), el organismo en el que había recalado, asediado por múltiples causas judiciales, perdió la confianza de sus colaboradores y reparte su tiempo entre su familia, en su casona de la zona norte del Conurbano bonaerense, y la oficina que alquila en Nordelta, en el Tigre. Suele reunirse seguido con su abogado, León Arslanián. Pasó de ser uno de los más poderosos funcionarios de la era K a resolver litigios matrimoniales. Para eso se inscribió como abogado en la provincia de Buenos Aires.

Por estos días, el nombre del ex recaudador volvió a resonar en torno al caso Ciccone, cuya situación procesal todavía debe ser resuelta por el juez Ariel Lijo. Según confiaron fuentes directas de la investigación, el monotributista Alejandro Vandenbroele lo mencionó por su rol en el rescate de la imprenta en su testimonio en el marco del Programa de Protección a Testigos e Imputados al que se acogió y que anteayer fue homologado por Lijo. Echegaray podría tener novedades en los próximos días: el juez, que dispuso el secreto de sumario, ordenará medidas la semana entrante.

Otro que podría tener noticias en los próximos días es Martín José Cortés, del Banco de Formosa, la provincia que renegoció su deuda con el supuesto asesoramiento de The Old Fund, el primer negocio de la sociedad, que embolsó por ese eventual trabajo más de 7 millones de pesos. Entre los detalles de ese negocio, Cortés también habría sido mencionado por Vandenbroele al revelar cómo se repartieron el dinero entre el ex vicepresidente, su socio José María Núñez Carmona y los funcionarios formoseños. Cortés, de todos modos, blanqueó la recepción de esos fondos cuando declaró en el 2014 frente al juez. Dijo que le facturó 400.000 dólares a The Old Fund por "unos informes sobre inflación" que el monotributista supuestamente después vendía a "clientes del exterior", como publicó en aquel año la Revista Noticias. El funcionario provincial tenía cruces telefónicos con Héctor Eduardo "Cachi" Romano, secretario privado de Boudou. Los nexos entre Formosa y la causa Ciccone.

En ese sentido, aparecen novedades inquietantes para el ex titular de la AFIP. En el 2012, el organismo inició una fiscalización a The Old Fund raíz de una nota del Banco Central por una factura que no tenía congruencias con la capacidad económica de la sociedad, por la facturación al Fondo Fiduciario Provincial (FonFiPro) de Formosa, por el supuesto asesoramiento en la renegociación de la deuda, el primer negocio del supuesto testaferro de Boudou como rostro visible.

La fiscalización, según documentos y registros oficiales a los que accedió Infobae de fuentes oficiales, finalizó a mediados del año pasado, es decir que duró cuatro años, un plazo demasiado largo e inusual. La información se desprende de un informe sobre The Old Fund pedido por la jueza Sandra Arroyo Salgado por una investigación penal tributaria sobre dicha firma, relacionada al artículo 18 de la ley 24.769, en manos de la jueza.

En ese informe, la compañía fue catalogada como una usina sin capacidad económica que se sirvió para canalizar fondos de terceros. Debería haber sido incluida en el registro de facturas apócrifas en su momento, en el 2012, cuando Echegaray estaba al frente de la AFIP. Sucedió mucho tiempo después, a principios del año pasado.