El caso Abril, otra muerte evitable
El terrible caso de la niña Abril Bogado, asesinada por un criminal de carrera, nuevamente enciende las alarmas sobre distintas aristas que son necesarias atender y de manera urgente:
Por un lado, la discrecionalidad de los magistrados en cuanto a la liberación de individuos de mal pronóstico debe llegar a su fin. Por otro, la selección de magistrados, de una vez y por todas, debe empezar a girar en torno a posturas de equilibrio para con las víctimas, es decir, dejar de premiar con cargos públicos a quienes recitan sin más preceptos perversos y anticuados como lo son los zaffaronianos. Deben empezar a ocupar magistraturas aquellos que demuestren su compromiso con los derechos de todos los sujetos involucrados en el proceso penal, especialmente con las víctimas, quienes son arrojadas sin ninguna voluntad de su parte y por falla del sistema de seguridad pública del Estado.
El asesino de Abril, en países con legislación adecuada a la criminalidad del siglo XXI, no hubiera estado en libertad por varias razones: la cantidad de delitos en su haber lo hubieran hecho acreedor a pena perpetua; en su tercera condena por delito doloso se hubiese eliminado la posibilidad de una pena temporal determinada, porque los países avanzados utilizan leyes de "three strikes", es decir, al tercer delito, la condena es de por vida, ya quedó demostrada la incapacidad del reo para vivir en una sociedad libre sin dañarla.
Pero tampoco este asesino hubiera estado en condiciones de pedir un libertad anticipada por cuanto su anterior condena lo era por tentativa de homicidio y, en las nuevas legislaciones, este delito, por su gravedad, carece de posibilidad de pedir cualquier tipo de medida de libertad previa al cumplimiento de la condena total, la que hubiera, además, sido de una entidad igual al de un homicidio cometido, ya que la pena, en estos casos, no contiene, como lo hace la ley argentina, un beneficio al criminal fracasado. Aquí, por cometer un delito en forma torpe y no lograrlo por razones ajenas a su voluntad, lo premiamos y le bajamos la pena, una forma elegante de puerta giratoria zaffaroniana. Países serios no contemplan esto.
El presidente Mauricio Macri ha encargado a una comisión de juristas la redacción de un nuevo Código Penal. Esto abre una gran oportunidad a la sociedad toda, ya que, de obtener aprobación legislativa, se constituirá en el nuevo catálogo de conductas penadas que regirá en la República Argentina. Es por ello que este nuevo instrumento debe ser moderno y ágil, contemplando situaciones que han sido demostradas en el derecho comparado como eficaces en la lucha contra el delito.
Desde Usina de Justicia ya hemos planteado estas reformas legales ante la comisión de reforma. No queremos más muertes evitables.
