El 3 de diciembre pasado, el juez que lleva la convocatoria de acreedores de Vicentin, Fabián Lorenzini, dictaminó la intervención de la agroexportadora por 90 días.
Según la resolución del magistrado, al frente de la invervención quedaba Andrés Shocron, uno de los veedores que propuso el comité de acreedores.
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Al respecto, el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, aseguró que “esta resolución del magistrado, la había pedido la Provincia hace más de 7 meses, esperamos esto hace tiempos atrás”.
“Una intervención implica echar manos por parte de terceros a la gestión de una empresa que pone en riesgo a la empresa misma. Cómo se encontraba de por medio el interés público, por la significancia que tenía Vicentin en la estructura económica de la provincia y del país, el Gobierno solicitó la intervención para que se desplazara a quienes administraban la empresa porque entendíamos que habían colocado a la empresa en un estado de default casi total”, detalló el funcionario provincial en diálogo con Darío Gómez en el programa Sin Mordaza TV.
Además, el secretario de Justicia dijo que “la gestión dejaba muchas dudas que posteriormente quedaron plasmadas en denuncias para que se investigara si esos integrantes habían cometido ilícitos o no”.
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La propuesta del Gobierno
En la continuidad de la entrevista, Somaglia refirió a la posición del Gobierno provincial hace más de 7 meses respecto al posible salvataje de la agroexportadora, y en ese sentido detalló: “Propusimos un triunvirato con dos representantes de la Nación y un tercero de la provincia de Santa Fe. Fue con el propósito de nuclear multisectorialmente distintos intereses privados y estatales para salvar a la empresa. El eje era la constitución de un fideicomiso para quienes iban a invertir para salvar a la empresa tuvieran la garantía de esas acciones. Eso se le solicitó al magistrado, pero no llegamos a un acuerdo con los administradores porque siempre se negaron a retirarse”.
“A raíz de todo esto, el expediente pasó a resolución y todo el interés que había del sector privado y la provincia para liderar un cambio en la empresa, quedó trunco“, sentenció el funcionario.
Por otro lado, el titular de la secretaría de Justicia manifestó que “el magistrado dice que todo lo que dijo la provincia en aquel momento es cierto y entiende que el nuevo directorio debe ser acompañado en su gestión por la Provincia y por un veedor que el ya había puesto, que representa los intereses de bancos extranjeros”.
“Entendimos que esta decisión está fuera de término. Hubiésemos preferido que resuelva esto meses atrás. La provincia se va a negar a participar de la intervención, no va a nominar a nadie y el juez tendrá las manos libres para nombrar a un subinterventor”, explicó Somaglia.
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