El proyecto del nuevo Código Penal prevé penas de hasta 25 años de prisión para jefes de bandas narco
La comisión que se encarga de elaborar el anteproyecto de reforma del Código Penal introdujo una serie de cambios en la configuración de delitos de narcotráfico. El punto más destacado que decidió este miércoles el cuerpo que encabeza el camarista de Casación Mariano Borinsky es que las penas para los jefes de bandas dedicadas al comercio ilegal de drogas serán de hasta 25 años.
En un encuentro que mantuvo con el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, Marín Verrier, la comisión decidió contener el margen de discrecionalidad judicial. Para ello tipificó dos categorías de conductas.
Por un lado, aquellos que organicen, financien, dirijan o administren organizaciones dedicadas al narcotráfico o que tengan conexiones con bandas internacionales, que sufrirán una pena de hasta 25 años de prisión.
Por otra parte, en un escalón más abajo en las organizaciones ilícitas, se ubicó a quienes tengan estupefacientes o precursores químicos, los produzcan o fabriquen con fines de comercialización, que recibirán hasta 20 años de prisión.
Los juristas comenzaron a analizar la tipificación autónoma de los delitos de terrorismo y de su financiamiento, siguiendo recomendaciones de organismos internacionales y de obligaciones asumidas por el Estado Argentino, plasmadas en convenciones internacionales.
Luego, atendiendo a aportes recibidos en sus visitas a las provincias, el cuerpo se dedicó a estudiar la situación del cheque de pago diferido. Este instrumento de pago es fundamental en la actividad comercial, se enmarca en avance de la bancarización y evita las operaciones no registradas, pero después de quince años requiere una tutela judicial más adecuada.
Los expertos, asimismo, decidieron penar con hasta cinco años de prisión el grooming, esto es el contactar de forma engañosa a un menor, por medios electrónicos, para que muestre imágenes propias de su intimidad o con la intención de mantener una relación sexual con él.
Además, se comenzó a estudiar la definición de delitos de corrupción entre particulares, y se decidió aumentar la pena de los siniestros viales con consecuencias muy graves.
La comisión está presidida por Borinsky, quien es acompañado por el director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra; el fiscal Pablo Nicolás Turano; el camarista, Carlos Alberto Mahiques, la jueza Patricia Marcela Llerena; el procurador general de Salta, Pablo López Viñals; el juez de tribunal oral Guillermo Jorge Yacobucci y los secretarios letrados de la Procuración General de la Nación, Fernando Jorge Córdoba y de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Susana Ziffer. También la conforman los representantes del Ministerio de Desarrollo Social, Yael Bendel, y del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache.
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