Según un trabajo reciente del Banco Mundial, más de cuarenta países del mundo tienen entre sus políticas la fijación de un precio del carbono. La mitad aplica impuestos al carbono y la otra, sistemas de permisos comercializables. Los precios que resultan de dichos esquemas van desde algo menos que un dólar por tonelada de dióxido de carbono (ese es el caso de México, que implementó un impuesto de este tipo en 2014) hasta 126 dólares, en Suecia.
En paralelo a estas decisiones de política ambiental doméstica, existen documentos a nivel internacional que explicitan cuánto debería ser el precio del carbono a nivel mundial para cumplir con la meta del Acuerdo de París: que la temperatura promedio del mundo no aumente más de dos grados centígrados a fines de siglo respecto de la era preindustrial. La estimación de Carbon Pricing Leadership Coalition es que el precio del carbón a nivel global debería estar entre 40 y 80 dólares por tonelada de dióxido de carbono a 2020, y tendría que ser alrededor de 20% mayor al 2030.
Ahora bien, hay otros dos países de la región (además de México) que han implementado un impuesto de este tipo: Colombia y Chile. En estos últimos dos casos, la tasa impositiva que han elegido es de cinco dólares por tonelada de dióxido de carbono, y esta está explicitada en la normativa impositiva correspondiente. Además, el impuesto colombiano al carbono dice claramente la tasa por litro de combustible gravado. Como ejemplo, esta es de 135 pesos colombianos por galón de gasolina, y ese monto sube a 177 para el fuel oil. Considerando que un dólar son aproximadamente tres mil pesos colombianos y un galón son cerca de 3,78 litros, la tasa impositiva es entonces de 0,012 por dólar para la nafta y 0,016 dólar por litro para el fuel oil.
Con base en ello, surge que la norma está suponiendo que la nafta tiene un contenido de 0,002 tonelada de dióxido de carbono por litro (tCO2/l) y el mismo es 0,003 tCO2/l para el fuel oil (la combustión de las naftas contamina menos por litro que la del fuel oil).
Mirando el proyecto de reforma tributaria de Argentina, que establece que el impuesto a las naftas va a ser de 1,030 pesos por litro y al fuel oil, de 1,297 pesos por litro, si los factores de emisión de ambos tipos de combustibles fueran los deducidos arriba, y tomando un tipo de cambio de 18 pesos por dólar, surge que el precio de la tonelada de CO2 en la reforma impositiva es de aproximadamente US$ 24/tCO2.
Si estas cuentas son correctas, la Argentina estaría fijando una tasa impositiva para el dióxido de carbono mayor a la de otros países de la región, y que se asemeja más a las recomendaciones del precio que debería ponerse al carbono para llegar a las metas de París. Esto podría servir también como un factor favorable para que nuestro país acceda a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como miembro de dicha organización. No es casualidad que los tres Estados de Latinoamérica que ya tienen este tipo de políticas estén en la OCDE o en proceso de acceder a ella.
La teoría económica detrás de cómo funciona un impuesto al carbono es que la tasa debería reflejar el costo social de dicho contaminante, esto es, los daños que este produce. Solamente así, poniendo precio a cómo las emisiones impactan, es que se lograría bajarlas. Hay que esperar el detalle de cómo se aprueba la norma para saber si dará o no el resultado deseado. Esto es, si llevará o no a una baja en el consumo de los combustibles más contaminantes.
La autora es economista, Universidad del CEMA.