Evaluaciones a presos: apelarán el fallo de inconstitucionalidad

21-03-2017 | JUDICIALES | ARTICULO 127
Evaluaciones a presos: apelarán el fallo de inconstitucionalidad

Una jueza declaró inconstitucional un artículo del decreto del gobernador Miguel Lifschitz que modifica los informes que hace el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) sobre la conducta de los presos. El decreto surgió tras el arresto de Andrés Soza Bernard, acusado del crimen del joven Fabricio Zulatto pero ya condenado por un homicidio anterior. En contacto con Radio 2, el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro insistió en la necesidad de esta herramienta jurídica que, su entender, viene a llenar una laguna en la normativa. Además, señaló que antes de su firma, el decreto fue evaluado por la Corte Suprema de Justicia santafesina, la Procuraduría y la Defensoría.

“Al no haber tenido objeciones llevamos adelante el decreto”, señaló el funcionario en contacto con los periodistas Ciro Seisas y Hernán Funes del programa A Diario. Se refería a la consulta que desde la Casa Gris hicieron previo a la oficialización del decreto.

En tal sentido, defendió la legalidad del texto y anticipó que van a apelar el fallo de la jueza Sandra Valenti.

Valenti había declarado inconstitucional el fallo tras estudiar el caso concreto de un detenido en Coronda que tuvo una calificación de conducta negativa de parte del Servicio Penitenciario, en base a los nuevos criterios, y que no pudo acceder a una salida transitoria. Según publicó La Capital, se trata de Walter R., condenado por una amenaza con un arma de fuego, declarado reincidente. En determinado momento de su pena obtuvo salidas transitorias pero como incumplió el compromiso de retornar al ser capturado perdió el beneficio.

Pasado el tiempo estuvo en situación legal de pedir otra vez las salidas. Pero para entonces ya regía el decreto 4127/16, que en su artículo 127 baja el concepto al reincidente y por ende el pedido de R. fue negado.

La defensora pública rosarina Daniela Asinari se pronunció en contra e hizo especial hincapié en el esfuerzo de su defendido para mantener una buena conducta tras las rejas. Por su parte, la fiscal Guillermina Aiello estuvo de acuerdo en que ese artículo no podía ser aplicado a condenados por hechos anteriores al decreto de noviembre pasado.

Sobre este punto, Pullaro llamó la atención. Dijo que la buena conducta dentro del penal no se traduce siempre en buena conducta en la calle y por eso insistió en la necesidad del decreto. Recordó el caso de Soza Bernard que había incluso cursado estudios universitarios.

Condenado por el crimen de Gabriela Nuñez, Soza Bernard está acusado ahora de haber ordenado el asesinato de Zulatto.

Fuente: SM – Rosario3