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Fuerte polémica por el pedido de jubilación del fiscal Martínez

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Martínez, se encuentra muy cuestionado debido a su responsabilidad en la tarea de los fiscales de Reconquista que pierden muchos juicios, la mayoría inéditos y, a su vez, importantes sumas de dinero de las arcas provinciales.

El fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez, presentó un pedido de jubilación ante la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Santa Fe. El pedido de retiro no sólo se dio en el marco de las duras denuncias al funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA), sino también generó polémica ya que no contaría con la antigüedad necesaria para jubilarse como funcionario del MPA, lo que abre el abanico a posibles supuestos acuerdos con la política para acceder al retiro sin reunir las condiciones necesarias, como así también de una estrategia de distracción a las críticas por su labor.

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El fiscal Martínez, se encuentra muy cuestionado debido a su responsabilidad en la tarea de los fiscales de Reconquista que pierden muchos juicios, la mayoría inéditos y, a su vez, importantes sumas de dinero de las arcas provinciales ya que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) debe pagar honorarios a los estudios jurídicos que le ganan al MPA por falta de trabajo, dedicación, estudio y sobre todo de investigación real.

Martínez cuenta con un solo programa de radio en Reconquista, de un periodista amigo de él, que lo usa para difundir su tarea y en donde también lleva a cabo diversas operaciones. En esa emisora, le pega los jueces para ver si los puede condicionar para que no avancen con algunos temas o para que la gente tenga otra versión de la realidad. Una de las últimas operaciones mediáticas que Martínez impulsó en ese programa fue dar a conocer la noticia de un pedido de jubilación de su parte.

En este sentido, presentó un pedido de retiro a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, lo cuál sería raro ya que por ese ente público sólo podría jubilarse como abogado ya que no tiene los suficiente años de aportes en su rol de funcionario del MPA.

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Una de las últimas operaciones mediáticas que Martínez impulsó en ese programa fue dar a conocer la noticia de un pedido de jubilación de su parte.
Una de las últimas operaciones mediáticas que Martínez impulsó en ese programa fue dar a conocer la noticia de un pedido de jubilación de su parte.

A Martínez no le correspondería este beneficio porque tiene 30 años de aporte como abogado, en donde estaría habilitado, pero solo 11 años de antigüedad en la Caja provincial como fiscal, tiempo que no le alcanzaría. Según lo que marca la ley previsional, la jubilación corresponde a la actividad en donde mayor antigüedad se tenga, en el caso Martínez sería sólo como abogado y no como fiscal.

Sería difícil que le autoricen la jubilación como funcionario del MPA, luego del plazo de 6 meses que estableció la Caja en la constancia de la solicitud de Martínez. La única manera en que Martínez acceda al retiro en su rol de fiscal sería sí se haría una excepción y se le otorgue la jubilación sólo con 11 años de aporte, lo cuál sucedió en otras oportunidades aunque no sería lo correcto.

Constancia de inicio de trámite jubilatorio de Martínez ante la Caja provincial.
Constancia de inicio de trámite jubilatorio de Martínez ante la Caja provincial.
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Podría considerarse que este pedido de jubilación se trataría de una maniobra de distracción mediática impulsada por el fiscal regional Martínez ante los duros cuestionamientos y denuncias por su accionar dentro del MPA, principalmente luego del caso Degoumois y la resolución de la fiscal general María Cecilia Vranicich en donde desautorizó la decisión de sostener en la causa contra el abogado a la polémica fiscal Alejandra Del Río Ayala.

Además, siendo Martínez un hombre con fuertes vínculos en la política, que por otra parte habría utilizado para presionar a fiscales y jueces, podría haber pedido la jubilación por compromisos de alguien de la política que le habría sugerido que presente los papeles de retiro para jubilarlo igual, pese a no tener la antigüedad por ley como miembro de la Fiscalía.

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