¿Hacia dónde van las paritarias 2018?

Parecería ser que los acuerdos paritarios tienen un número prefijado para el Gobierno u otro muy distinto para los diferentes gremios. Sin embargo, ni el Gobierno ni los gremios deberían determinar cuál es ese número. El Gobierno dice 15% y los gremios dicen 15% más inflación. Ambos se equivocan. Las empresas primero pagan salarios, cubren costos operativos y distribuyen ganancias entre sus accionistas. Pero no todo es tan sencillo. Es decir, hay sectores que crecen y mucho, y pueden llegar a acuerdos de hasta el 20%; otros que no crecen pero pueden aceptar un 15%; y hay incluso otros que caen, por lo cual no pueden aceptar ni uno por ciento. Ejemplo: sector lácteo y diferentes rubros de las economías regionales en crisis como pera, manzana, uva, entre otros. Es decir, la empresa distribuye ganancias cuando las hay y pueden cubrir sus costos operativos cuando hay margen, si no, solo intentará sostenerse.

La economía argentina hoy tiene ese escenario de comportamiento dual. Hay sectores que crecen y mucho, como construcción, energías renovables, telecomunicaciones, granos en agronegocios, otros que se mantienen e incluso otros que caen. Definir un número en paritarias es un argumento de una película de ciencia ficción para el comportamiento de la economía en cierto sector del empresariado.

¿Cuál es el escenario más probable para el cierre de las paritarias de este año? Por un lado, si bien las expectativas de inflación se ubican levemente por debajo de las vigentes a inicios de año previo, tanto los consumidores como los analistas especializados y los empresarios prevén un aumento de los precios cercano a 20%, lejos del 15% que el Gobierno fijó como meta. Por otro lado, se estima que se mantenga la leve mejora en los niveles de empleo que se inició a mediados de 2017. Estos dos factores influirán en la firma de acuerdos más beneficiosos para los trabajadores que las ofertas conocidas hasta el momento.

Sin embargo, en los resultados finales influyen más factores, tales como el poder de negociación del gremio y la situación económica que atraviesa cada sector, como explicamos arriba. Veamos, por ejemplo, el cierre de las paritarias de 2017. Considerando los 21 gremios más representativos, el año pasado la mitad de los sindicatos incluyó algún tipo de revisión o ajuste de la pauta alcanzada en primera instancia. Si se analiza la representatividad en el empleo privado formal, los convenios colectivos que incluyeron alguna instancia de revisión representaron más del 80% del empleo privado formal. Esto refleja el hecho de que, en 2017, año en el que el Gobierno avaló la incorporación de instancias de revisión o ajuste, los gremios que lograron incluirlas fueron aquellos de fuerte peso relativo.

Los incrementos iniciales pautados variaron según las ramas de actividad. En un extremo se ubicó alimentación, que cerró un acuerdo con un alza de 30% (con posibilidad de revisión), y en el otro, bancarios, con un alza de 20% (también con instancia de revisión). En promedio, el aumento alcanzado inicialmente en 2017 por los convenios colectivos analizados fue del 25 por ciento.

Según la información reciente publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), considerando el conjunto de los asalariados, las remuneraciones se elevaron levemente por encima del alza de los precios minoristas: mientras que, en promedio, los salarios del sector privado registrado ganaron 2,5 puntos porcentuales por sobre los precios al consumidor, el sector público se elevó en igual proporción. Se observa que, a lo largo del primer semestre, la inflación creció a un ritmo más acelerado que, en el caso de los salarios del sector público, implicó una pérdida del poder adquisitivo. Hacia el segundo tramo del año, la actualización de las remuneraciones y la desaceleración del alza de los precios se tradujo en una mejora del salario real, lo que, entre otras cosas, impulsó al consumo masivo.

¿Cuál es el escenario más plausible para 2018? De acuerdo con una encuesta realizada por el Grupo Adecco con base en la consulta a 625 empresas nacionales y multinacionales, poco menos del 90% de las empresas prevé otorgar ajustes en dos o tres tramos a lo largo del año, lo que replica la dinámica de períodos previos.

La mayoría de los acuerdos salariales por convenio se negocian en los primeros meses del año y comienzan a materializarse luego del primer cuatrimestre. Estas negociaciones sirven de referencia para los incrementos de los trabajadores por fuera de convenio e informales.

En simultáneo, se proyectan para los primeros seis meses del año nuevos incrementos en los servicios públicos —algunos de los cuales ya entraron en vigencia— como agua (20%), electricidad (16%), gas (25%), colectivo (25%), ferrocarril (12%) y subte (21%). Se adiciona el impacto de la devaluación reciente en los precios de los productos importados o de bienes con precios dolarizados (con acuse de recibo ya a nivel mayorista) y su potencial derrame al resto de los precios.

De esta manera, es de preverse nuevamente que en el primer tramo del año los salarios pierdan poder adquisitivo, a pesar de los ajustes que algunos trabajadores están recibiendo en el marco de la ejecución de las cláusulas gatillos, lo acordado en instancias de revisión.

El porcentaje de aumento por paritaria difícilmente se defina en 15% tal como pretende el Gobierno, aun cuando las expectativas de creación de empleo no son del todo alentadoras. De acuerdo con la Encuesta de Indicadores Laborales elaborada por el Ministerio de Trabajo, a diciembre pasado las expectativas netas de un incremento de la dotación durante el primer trimestre del año alcanzaba el 6% de las empresas encuestadas, porcentaje similar al registrado para iguales períodos de los tres años previos.

La posibilidad de inclusión de cláusula gatillo es más discutible. Por un lado, al no ser un año electoral, el costo del conflicto en la calle es menor. Por el otro, la avanzada judicial sobre algunos líderes sindicalistas podría debilitar su poder de negociación. La tibia respuesta que recibió la propuesta oficial de comprometer a las partes a revisar los acuerdos en determinado plazo es un indicio de que pierde fuerza la idea de actualización automática, ya que asumir el compromiso de sentarse a discutir dista de garantizar un ajuste en caso de que el incremento por paritarias quedase desfasado frente al desempeño de los precios.