Las estafas virtuales constituyen una nueva modalidad delictiva que se ha profundizado durante la pandemia y que se ha triplicado en el último año en la provincia de Santa Fe según el Observatorio de Víctimas del Delito. A la fecha, se registran 500 denuncias por mes, constituyendo el 5% de los delitos acontecidos en la provincia.
Este miércoles, a partir de las 10, en el Colegio de Abogados de Rosario se llevará a cabo la cuarta Audiencia Pública por un marco legal contra los ciberdelitos en la provincia de Santa Fe. Será virtual y semipresencial. Contará con la presencia de especialistas en ciberdelitos, Asociaciones de Bancos, jueces y fiscales. Estarán presentes también representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación y víctimas de ciberestafas. Podrá verse en vivo por YouTube.
Estas audiencias, que comenzaron hace un mes en Reconquista y continuaron luego en Santa Fe y en Venado Tuerto fueron organizadas a partir de tres proyectos de ley sobre ciberseguridad y reforma del Código Procesal Penal de Santa Fe presentados por el diputado del Frente Renovador-PJ Oscar Martínez, quien además coordina el Observatorio de Víctimas de delitos y sus familiares en la cámara Baja.
Consultado acerca del resultado de estas tres audiencias, el diputado Martínez expresó: “Estamos gratamente sorprendidos por la repercusión que están teniendo estas audiencias para discutir un tema tan vigente como lo son los ciberdelitos y las ciberestafas, que están multiplicándose día tras día. Creemos firmemente que este ámbito de debate en audiencias es una herramienta fundamental para que los proyectos que se presentan en la Legislatura tengan el aval de las autoridades de los tres poderes, pero también de los involucrados en el tema, de los expertos, de las Universidades, de las víctimas, todos presentes para obtener la mejor ley. Ya lo hicimos con la ley de víctimas de delitos y sus familiares, que tiene media sanción y espera ser aprobada en Senadores, y ahora lo hacemos con el tema de ciberseguridad”.
El legislador destacó que “la tecnología ha atravesado nuestras vidas, se ha hecho parte de nuestra cotidianeidad, y hoy el componente informático está presente en la comisión de todos los tipos delictivos, desafiando a quienes deben procurar la investigación y persecución de los mismos, a recabar y analizar evidencia digital. Nuestro Código Procesal Penal si bien tiene reglas relativas a medidas de prueba tales como el registro, el allanamiento, el secuestro, la requisa personal y la interceptación de comunicaciones, la aplicación de las mismas a la evidencia digital no es posible, pues el desafío que plantea el tratamiento de la misma requiere de medidas de prueba específicas, o la adaptación legal de las ya existentes”.
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