La tesorera de la concesionaria y su pareja fueron imputados como jefes de una asociación ilícita

Este jueves se llevó a cabo la imputación de la tesorera (de iniciales P.B.C) y su familia que son investigados por una presunta cadena de hurtos a la empresa Coinauto a través de la supuesta realización de, al menos, 66 operaciones por un total de 137 millones de pesos.

En este sentido, la contadora y su pareja (de iniciales J.P.F) fueron imputados como jefes de una asociación ilícita. En tanto, la madre, el padrastro y el hermanastro fueron acusados de partícipes. La audiencia se realizó ante el juez José Luis García Troiano y la acusación estuvo a cargo de la fiscal María Laura Martí.

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La integrante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que la tesorera y su hermanastro permanecerán con prisión preventiva, en tanto que a la madre y el padrastro de la mujer de 33 años se les dictó libertad bajo caución por un total de 20 millones de pesos que deberán acreditar "y otras medidas más que deben estar sujetos estrictamente a los fines de no volver a quedar detenidos en esta causa", precisó Martí. En el caso de J.P.F, su futuro procesal se definirá en otra audiencia.

Investigación

La funcionaria del MPA explicó que "a través de una cadena de hurtos" los acusados habrían obtenido "una suma de dinero superior a los 140 millones de pesos" con el que habrían adquirido vehículos y diferentes elementos de mobiliario, construcción, además de una supuesta mejora en la calidad de vida.

A esto se le suma, indicó Martí, la compra de vehículos "a través de J.P.F que es, justamente, jefe de Reventas de la firma Coinauto que es la única persona de la firma que tiene contacto con todas las concesionarias de menor reventa". Respecto a la tesorera, la fiscal precisó que "tenía una función a cargo de las cajas donde tenía una compañera" y que "de ahí se deriva y comienza parte de la investigación". "Al menos determinaron 66 oportunidades que fueron las que tuvo desde agosto hasta el día en que fue detenida al frente de una caja", afirmó.

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Posibles penas

Martí explicó que la pena mínima más grave como asociación ilícita, en calidad de la jefatura del mismo, son 5 años de prisión y 3 años en caso de los partícipes. En tanto, añadió que "en calidad de los hurtos reiterados, el mínimo son 15 días, multiplicado por 66 porque es en concurso ideal"

"Los máximos se acumulan y se toma el mínimo máximo que son dos años y se suman al concurso real de la jefatura, sólo en el caso de los jefes de la asociación ilícita", agregó.

La versión de la concesionaria

El representante de la firma, Pablo Macua, dialogó con los medios y expresó: "Estamos muy dolidos por esta situación. Nuestros empleados son como una familia para nosotros. Traes que es un grupo familiar que trabajamos todos ahí. Nos duele muchísimo enterarnos de semejante maniobra en perjuicio de la empresa y de nuestro grupo".

Respecto a cómo se enteraron se la supuesta malversación de fondos, el empresario indicó que "hemos detectado cuánto había de diferencia" aunque aclaró que "desde cuándo no lo podemos saber".

"Detectamos unas diferencias de caja y unos movimientos raros en las cajas, corregimos esos movimientos, detectamos las diferencias en ese momento y ahí nos dimos cuenta de qué dinero estábamos hablando", añadió.

En este plano, Macua comentó: "Tenemos empleados de 40 y 30 años en la empresa. Esta gente tenía cerca de 10 años trabajando con nosotros"

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