Las encrucijadas de nuestra economía
La grieta está tironeada entre las visiones de la macroeconomía y la microeconomía. Las estadísticas dicen que desde el 2008 hasta la fecha las jubilaciones acumularon un aumento de 950%, mientras que los salarios lo hicieron en un 873% y la inflación, en un 762%, es decir, que las jubilaciones tuvieron un beneficio superior del 24,6% en términos reales. La pregunta es: ¿Por qué tenemos el 50% o más de los jubilados con haberes de siete mil pesos mensuales, es decir, con el 40% de una ajustada canasta básica de 16 mil pesos? Una de las explicaciones está relacionada con lo que dijimos la semana pasada desde esta columna: la duplicación de jubilaciones sin aportes.
Otra encrucijada argentina es que, según el presupuesto 2018, 25 millones de argentinos dependen de un cheque del Estado, mientras que la población económicamente activa aportante es de 13 millones de personas. Se escuchan distintas voces aconsejando que la solución es la reducción del Estado. Si el correlato de achicar el Estado es poner gente en la calle, hay que recordar que ya tenemos un 9% de desocupación, más un 9% de subempleo. De ser así, una vez más estaríamos ante una encerrona de frustración.
Aquí y en el mundo, ante situaciones parecidas se intenta salir a través del crecimiento económico. La receta habla de inversión, productividad y generación de empleo. Sucede que el modelo que aplica el Gobierno nacional es monetarista, cuya columna vertebral pasa por una tasa de interés en Lebacs del 30 por ciento.
En medio de todo esto, la semana pasada se llegó a un acuerdo con gobernadores y la CGT, reflejado en proyectos de ley que ya están para su tratamiento en el Congreso de la Nación. El mayor logro político del Gobierno, si estos proyectos se convierten en ley, es haber transparentado y por ley el dinero que de una u otra manera ya estaba recibiendo la provincia de Buenos Aires. Es decir, el presidente Mauricio Macri logró el salvataje legal para Buenos Aires de 105 mil millones de pesos, a la vez que desjudicializa, o sea, quita del poder del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación las demandas que por esta razón llegaron a esa instancia judicial. Cuando los referentes provinciales advirtieron que el acuerdo era sólo beneficioso para Buenos Aires, este estuvo a punto de zozobrar, por eso es que apareció un bono a 11 años por 80 mil millones de pesos, con servicios por 5 mil millones de pesos para el 2018 y, a partir del 2019, a 10 años, sobre 12 mil millones de pesos que se repartirán de acuerdo con el rango de coparticipación.
Lo cierto es que hoy el déficit es de un poco más del 9%, de los cuales el 4,3% es déficit de arrastre, 2% corresponden a intereses de la deuda, 1% corresponde al déficit de las provincias, 1%, provocados por las Lebacs. Los litigios acumulados por las provincias ascienden a 340 mil millones de pesos, más Buenos Aires, por 400 mil millones de pesos. En los dos primeros años del Gobierno de Macri, el endeudamiento ascendió a 60 mil millones de pesos para financiar el déficit. Para sostener el acuerdo se necesitarán otros 50 mil millones de pesos; así se llegaría al nivel de saturación del endeudamiento. Para revertir esta situación se necesitaría a hoy un crecimiento del 3,2% anual a 20 años.
Los proyectos ahora son responsabilidad del Congreso de la Nación. En ningún momento este acuerdo contuvo en su letra una proyección sobre el para qué. Este esfuerzo que, una vez más, de no haber modificaciones, hará la clase media a través de más impuestos, más el empobrecimiento de los ya empobrecidos, no tiene destino escrito. Es decir, ¿cuántos puntos se retrotraería la pobreza, si esa es la intención en los cinco años planteados? ¿Cuántos jóvenes de hasta 17 años que hoy integran el 58,4% de pobres multidimensionales dejarían de serlo? ¿Cuántas escuelas y hospitales nuevos se construirían? ¿Cuántos adolescentes reingresarían al secundario luego de su deserción? ¿Cuántas viviendas se construirían en este lustro? Es decir, ¿qué resultados daría este enorme esfuerzo en cinco años? Las metas básicas sostén de todo plan no han sido escritas.
Suena extraño que los gobernadores no hayan solicitado promoción especial para sus respectivas economías regionales. ¿De qué manera los gobernadores y los intendentes darán respuesta a los problemas sociales crecientes por falta de trabajo si no es a través del fortalecimiento de sus economías regionales?
¿Cuánto tiempo más el interior deberá pagar transporte, luz, agua, gas con tarifas dos veces más altas que Capital y Buenos Aires?
Los grandes temas empiezan a estar sobre la mesa. La letra fina es la clave. Esto es responsabilidad de los parlamentarios.
