Ley de salud mental: ¿vuelven los manicomios?

Desde el Partido Socialista y como vicepresidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación, estoy haciendo un seguimiento sobre la aplicación de la nueva ley de salud mental, previendo que el nuevo paradigma establecido por dicha norma, especialmente en lo que hace a la desinstitucionalización de las personas con discapacidad intelectual, iba a ser resistido por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Las normas dictadas por el PEN lo demuestran; en primer término, la derogación de la resolución de salud n° 1484/2015 y luego, el proyecto de reglamentación cuyo dictado es inminente.

Al momento de derogarse la resolución del Ministerio de Salud por la que se aprueban las "normas mínimas para la habilitación de establecimientos y servicios de salud mental y adicciones" de acuerdo con lo establecido en la ley nacional de salud mental nº 26657, remití con fecha 18 de agosto de 2016 un correo a la entonces presidente de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis), profesora Sara Valassina, a fin de comunicarle mi preocupación por dicha derogación. Esto dio lugar a la apertura del expediente Ministerio de Salud 2002-17543-16-6.

El anexo I de dicha resolución ministerial, en el punto 12, titulado: "Servicio de salud mental en hospital general, clínica o sanatorio" establece entre los criterios de funcionamiento de dichas instituciones: "Las camas o salas destinadas a la internación de salud mental deberán estar integradas a la estructura edilicia del establecimiento, al igual que las otras especialidades. Contará con un porcentaje de camas disponibles para internación de salud mental. En caso de contar con sala propia, no deberá exceder el 10% de las camas totales del efector".

Para la reducción de camas hasta llegar a dicho porcentaje, la resolución establecía un plazo de un año a partir de la entrada en vigencia de la ley, cuyo venciendo se fijaba el 1º de septiembre de 2016.

La determinación de un porcentaje máximo responde al paradigma adoptado por los legisladores en la mencionada ley nacional de salud mental que apunta a reducir las internaciones y, cuando estas sean necesarias, abreviar el tiempo de permanencia en instituciones de personas con discapacidad psicosocial, por lo que la derogación de la resolución MS 1484/2015 aparecía, de acuerdo con un primer análisis, como un retroceso en materias públicas de salud mental, lo cual importa una regresión al modelo hegemónico médico anterior a la ley vigente.

El interrogante que surgía sobre la derogación de una resolución tan completa se plantea sobre la ausencia de los apoyos como los centros de día, imprescindibles para que las personas con discapacidad psicosocial puedan incluirse en la comunidad y al mismo tiempo regresar a su hogar, donde la familia tiene que recibir la asistencia necesaria para llevar a cabo una convivencia enriquecedora.

La Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud sostiene que, al no haber adherido las provincias, la resolución derogada no puede aplicarse en otras jurisdicciones, por lo que se tornaba imposible cumplir con el plazo de 360 días para la adecuación de los establecimientos de salud a la resolución 1484/2015.

Frente a esta respuesta realicé un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional a fin de que procediera a la reglamentación de la ley de salud mental, dada la decisión de derogar la existente, solicitándole que informe en qué grado de cumplimiento de los estándares establecidos por la ley nacional de salud mental se encuentran los establecimientos nacionales alcanzados por la norma.

A la derogación de la resolución ministerial que tornaba operativa la ley de salud mental se agrega este proyecto en el que vemos con notoria preocupación la intención del Gobierno nacional de reformar por decreto reglamentario la ley nacional de salud mental (n° 26657).

No bastó con el polémico lanzamiento de la cobertura universal de salud (CUS), cuyo espíritu desfinancia el sistema público de salud nacional en favor del sector privado. Ahora, el Gobierno nacional puso el foco en la política de salud mental y en las personas con discapacidad intelectual.

La reinstalación del concepto del "manicomio" se configura en forma disimulada a partir de la denominación "de hospitales especializados en psiquiatría y salud mental", lo que indica que se retoma el cauce de estigmatizar a las personas como "enfermas" y bajo un entorno de reclusión alejado de todo contacto social y de ser atendidas, como dice la actual ley, en efectores generales de salud.

Este cambio nos retrotrae al modelo médico hegemónico de perspectiva biologicista con resultantes ineficientes para un tratamiento integral de las personas con padecimiento mental. Una mirada que se ampara en la lógica de la revelación científica y que se aleja del enfoque interdisciplinario, pilar vital de la ley de salud mental, que se nutre de los aportes de la psicología, la terapia ocupacional, el trabajo social, la musicoterapia, etcétera.

¿Quiénes se benefician con estas modificaciones? ¿Las personas con discapacidad intelectual y sus familias? No, se benefician los empresarios dueños de manicomios, laboratorios, funcionarios, entre otros.

Respecto a la desinstitucionalización de las personas con discapacidad mental e intelectual, el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece: "Los Estados parte de la presente convención reconocen el derecho a la igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad".

A sólo dos años de haberse otorgado jerarquía constitucional a la mencionada convención mediante la sanción de la ley 27044, exigimos que el Poder Ejecutivo tome mayor responsabilidad sobre la ley de salud mental y convoque a especialistas, legisladores y fundamentalmente a las personas con discapacidad y sus familias. Nada acerca de nosotros sin nosotros

La autora es diputada nacional por el Partido Socialista.