Luego de la muerte del empresario Oldani, desaparecieron de su escritorio alrededor de un millón de dólares y tres millones de pesos y aún no se conoce el destino del dinero.
Esta búsqueda derivó este miércoles en un pedido de diez indagatorias por parte del fiscal que interviene en la causa. La justificación vino de la mano de los resultados de una pericia en el teléfono celular de Oldani que ocupó más de 17.000 páginas de pruebas y evidencias.
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Ante las pruebas, el fiscal federal Walter Rodríguez denunció y solicitó al juez Marcelo Bailaque que indague a la hija de Oldani, Virginia, a una empleadas de la empresa, María José Calle y a otras ocho personas que hacían negocios con su padre, entre ellas la presidenta de la sociedad de bolsa Mediterránea, Carina Chelmo y dos operadores del grupo Carey de Rosario, Carlos Ciochetto y Carlos Bacigaluppo. También están en la mira Leandro Javier Forchetti, Flavio Giulioni, Ariel Juan Trucco, Marcos Molinas, Eugenio Francisco Alonso, Carlos Nicolás Ciochetto y Carnos Aníbal Bacigaluppo, apodado “Charly”. Estos dos últimos son operadores del Grupo Carey SA -que tiene asiento en la ciudad de Rosario.
Supuestos negocios financieros
El fiscal los imputó por sospechas de “intermediación financiera no autorizada”, pidió la “inhibición general de bienes” de los diez y a varios de ellos los denunció también ante el Banco Central de la República Argentina.
Cabe recordar que Virginia Oldani declaró en la causa que ella y su esposo retiraron “el dinero” porque la fiscal Cristina Ferraro los había autorizado “a sacar todas las cosas de valor”. Por lo que el 18 de agosto, el fiscal Rodríguez denunció a Ferraro por supuesto “encubrimiento” y le abrió una causa penal para investigar su conducta.
Delitos financieros
“El pasado 18 de agosto aludí la presencia de indicios serios, precisos y concordantes para decir que Hugo Ernesto César Oldani había desarrollado actos demostrativos del delito de intermediación financiera no autorizada, de alcance inter jurisdiccional, lo cual implica una actividad tendiente a procurar y hacerse de recursos financieros de terceros para prestarlos al público en general. Entre los aspectos más relevantes, valoré que la suma de dinero hallada en el lugar donde se produjo el homicidio de Oldani era desproporcionada si consideramos los montos que habitualmente maneja un operador turístico local en su giro comercial”, expresó el fiscal en su pedido de indagatoria.
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Cambios en la investigación
A la luz de las pruebas, el fiscal modificó la valoración de los roles de Virginia Oldani y de su empleada María José Calle en la trama. “No sólo se ocupaba de las operaciones turísticas e intercambio de divisas” (la primera) o de “llevar trámites administrativos” (la segunda). Al contrario, “sus intervenciones individuales van mucho más allá, pues desarrollaron aportes necesarios que contribuyeron a la comisión del delito de intermediación financiera no autorizada ejecutado por Oldani, junto a terceras personas”. Ambas mujeres “actuaron bajo la dependencia y directivas” del empresario como “sus brazos ejecutores”, precisó el fiscal.
Los datos que surgieron de las pericias del teléfono dan cuenta de operaciones como captación de fondos, préstamos, operaciones con cheques, compra y venta de divisas y movimiento de divisas mediante el mecanismo de dólar cable. Según trascendió, en los diálogos telefónicos, un cliente lo consulta para enviar 87.000 dólares a un banco de Brasil y otro para traer medio millón de dólares desde Los Ángeles, Estados Unidos.
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“Se detectaron varias conversaciones sobre posibles operaciones similares de movimientos de fondos en el exterior. Por ejemplo, a cuentas en el Uruguay, Italia, Estados Unidos, Brasil y Finlandia”, concluyó el fiscal Rodríguez.
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