En el marco del juicio por la obra pública, el fiscal federal Diego Luciani pidió este lunes 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos para Cristina Fernández de Kirchner. Este pedido se extendió a los otros 11 exfuncionarios involucrados.
Luciani solicitó, también, el decomiso de 5.321 millones de pesos, monto en el que -según estimó su par, Sergio Mola-, se defraudó al Estado. Al tipo de cambio actual esta suma asciende a los u$s 926 millones.
Luciani acusó a la vicepresidenta de ser la jefa de una asociación ilícita montada sobre el Estado, que tuvo por objetivo beneficiar al empresario Lázaro Báez en las licitaciones de obras públicas en Santa Cruz.
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En su alegato final, consideró que se trató de "la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país". En este sentido, acusó a la dos veces presidenta de la Nación entre 2007 y 2015 de actuar con "ánimo de lucro y codicia".
Además, señaló que "parte de los ingresos ilícitos de Lázaro Báez fueron al patrimonio personal de Néstor y Cristina Kirchner".
Los acusados en el juicio son:
- Cristina Kirchner.
- Lázaro Báez.
- Julio De Vido.
- Abel Fatala.
- José López.
- Carlos Kirchner, extitular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del expresidente Néstor Kirchner.
- Nelson Periotti, extitular de la Dirección Nacional de Vialidad.
- Raúl Daruich y Mauricio Collareda, exjefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad.
- Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos expresidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.
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