Para el fiscal Gerosa «los actos arbitrarios no pueden tolerarse»

14-06-2017 | JUDICIALES | PROGRAMA FAMILIAS SOLIDARIAS
Para el fiscal Gerosa "los actos arbitrarios no pueden tolerarse"

El fiscal del Ministerio Público de la Acusación de Reconquista, Aldo Gerosa, inició formalmente una investigación penal preparatoria para determinar si las autoridades de la delegación norte, de la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia cometieron delito en relación a la guarda de una niña de casi dos años, que está bajo el Programa Familias Solidarias. “Los actos administrativos arbitrarios no pueden tolerarse en el sistema jurídico de un país como el nuestro”, dijo Gerosa y recordó que “incluso los menores tienen derechos y garantías que deben ser resguardados”

La intención del fiscal es probar si los hechos denunciados por una pareja que este año ingresó al Programa Familias Solidarias son veraces y lo sucedido fue en desmedro de la pequeña que está al cuidado del Estado provincial. “Amenazas, coacciones, abuso de autoridad, e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, son a grandes rasgos las conductas típicas que deberá investigar el MPA y una vez identificados los presuntos autores, podrían ser citados para la atribución imputativa.

El escrito firmado este lunes 12 de junio por el Dr. Gerosa es una consecuencia de las denuncias radicadas el 3 y el 5 de junio por una pareja, que acusó a miembros del equipo interdisciplinario de la Subsecretaría de la Niñez por haberlos instado a devolver a la menor luego de que descubrieran un posible caso de abuso sexual de la niña en un control pediátrico de rutina.

Denuncia y reproche

La pareja, que se interesó a principios de año en el Programa Familias Solidarias, inició en marzo la etapa de vinculación con la nena y en abril, precisamente en vísperas de Semana Santa, la pequeña se sumó al grupo familiar integrado por mamá, papá y una hermanita de 6 años.

Todo iba bien en la casa, hasta que el 19 de mayo, en un chequeo médico de rutina, la pediatra de la familia detectó una lesión en la zona genital de la niña, lo cual fue denunciado dos días después -21 de mayo- ante la comisaría de la Mujer. Si bien al día siguiente de la presentación en sede policial la mamá fue hasta la Subsecretaría de Niñez a contar lo ocurrido, como respuesta recibió el reproche por su proceder y a partir de ese momento se inició un hostigamiento, cuyo eje era la amenaza de quitarles la nena.

El fiscal Gerosa, que tomó el caso diez días atrás, cotejó los argumentos vertidos por la familia con la documentación del legajo de la nena, que fue puesto a disposición de la justicia días pasados. Allí encontró que llamativamente “se advierte una actividad irregular, y por momentos contradictoria y autoritaria del organismo del Estado”.

Para muestra, contrastó el informe del 19 de mayo, que lleva la firma de dos profesionales de Niñez, en el que se reconoce que la niña se adaptó sin dificultades, mejoró su alimentación, comenzó el jardín maternal y dijo sus primeras palabras.

Un informe previo -del 12 de abril- indica que: “En distintos encuentros se pudo visualizar un buena apertura de la familia en respetar los tiempos de la niña” y “consideramos que las vinculaciones se desarrollaron en forma positiva, en donde se pudo visualizar que la familia próxima a alojar, entiende y acepta las condiciones que implica formar parte del programa”.

Fuera de la ley

La relación niña-famila-institución iba sobre los carriles normales al punto que existe un documento con fecha 24 de mayo que forma parte del legajo, en el cual la Subsecretaría de Niñez comunica a la familia la decisión de dejarla con ellos. “Por el momento continuará con el acogimiento de la niña hasta que se realicen los exámenes pertinentes por parte de esta institución”.

Pero a página seguida, existe otro informe, con fecha 22 de mayo donde consta que la denunciante se presentó a decir lo que había informado un día antes en sede policial (lo cual da cuenta de un documento antedatado, según la investigación).

El fiscal le criticó a las autoridades provinciales que dos días después de haberse enterado del hecho ordenaron una serie de exámenes médicos para determinar si existió una supuesta lesión genital, aunque sin el conocimiento de las partes. “Este examen se realizó sin control de la fiscalía, sin la presencia de la denunciante, sin la notificación previa al Servicio de la Defensa Penal (ante el eventual surgimiento de imputados). Es decir que esta medida de eventual utilidad probatoria, es inútil, inoponible e ineficaz desde el punto de vista procesal penal”.

Padre biológico

Acto seguido, Gerosa le reprochó a las autoridades que dependen del Ministerio de Desarrollo Social haber citado al padre biológico de la nena para que se hiciera cargo, cuando en dos años no la reclamó y fue sacada de su alcance justamente por el contexto de violencia al que estaba expuesta la nena, que de hecho no fue negado por parte del hombre que se desempeña como verdulero.

“Lo llamaron al padre sin que éste hubiera pedido intervención, parece que lo buscaron para justificar el retiro de la menor del hogar de la familia solidaria” lo que “contraría gravemente los intereses de la niña”. “Todo esto pone un manto de sospecha en el proceder de la subsecretaría, dado que justamente a este hombre y su madre se la habían quitado porque no se hacían cargo de ella y estaba en familia sustituta para un probable trámite de adopción”, dijo el fiscal. También destacó que “los dichos de los denunciantes adquieren mayor credibilidad, porque no hay en las actuaciones administrativas resolución de tipo normativo ju

Daño irreparable

“Se observa que la menor de edad no ha cumplido dos años y ha pasado por cinco familias (tres bajo el programa Familias Solidarias), y se pretende, aparentemente sin estudios previo ni evidencia de peso, es decir, sin argumento alguno modificar nuevamente el entorno afectivo de la niña, destruyendo o afectando el progreso que con esfuerzo, la propia subsecretaría reconoce que la niña ha realizado” lo que “significa un daño psicofísico y afectivo imposible de valorar”, sostuvo el fiscal Gerosa.

Fuente: Sin Mordaza – El Litoral