Pasantías: aceiteros apuestan a un plan de lucha

13-01-2017 | GREMIALES | FLEXIBILIZACIÓN LABORAL
Pasantías: aceiteros apuestan a un plan de lucha

El comunicado:

Ante los anuncios realizados por el gobierno nacional de avanzar con una serie de medidas tendientes aprofundizar la flexibilización y precariedad laboral en nuestro país, incluyendo la restauración de la metodología de pasantías y la baja de contribuciones patronales, que se suman a otras en curso como la incorporación de cláusulas de productividad en los Convenios Colectivos de Trabajo, la reforma del régimen de riesgos de trabajo y la destrucción de la Justicia laboral, mientras no cesan los despidos en el ámbito estatal y privado, desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina expresamos:

Que la implementación generalizada de la metodología de pasantías implicaría una inmediata profundización de la precarización laboral que continúa sufriendo nuestra clase trabajadora; la creación vinculada de una "agencia de talentos" llevaría la lógica flexibilizadora hacia dentro del sistema educativo, naturalizando en la conciencia de las trabajadoras y trabajadores más jóvenes un régimen laboral degradado. La creación de empleo no pasa por la reducción de derechos.

Que la precarización laboral, sea mediante las pasantías, el sistema de contratistas u otras modalidades, se traduce en peores condiciones laborales, con polifuncionalidad y rotación de tareas sin la adecuada preparación, menores remuneraciones tanto para el precarizado como para el resto de los asalariados, y marcado aumento de la siniestralidad, esto es: más trabajadoras y trabajadores heridos y muertos.

Que el aumento de trabajadores temporales no implica más puestos de trabajo sino la reducción de trabajadores en planta estable.

Que la baja de contribuciones patronales no genera nuevos puestos de trabajo, como se ha demostrado sobradamente en la historia reciente de nuestro país así como en otros territorios, tanto de las economías desarrolladas como las periféricas. En Argentina, esta política -impulsada en primer lugar por los entonces presidente Carlos Saúl Menem y ministro de economía Domingo Cavallo- llevó a una reducción de las contribuciones patronales del 49% a 34% entre los años 1990 y 2002, pero el desempleo en esos mismos años creció del 7,5% al 17,4%, superando el 25 % en muchas zonas del país. La subocupación alcanzó valores similares en el mismo período, con lo cual la mitad de los trabajadores de nuestro país sufría problemas con el empleo. Es además engañoso presentarlo como una reducción de impuestos, cuando los aportes y contribuciones no son impuestos al trabajo sino salario indirecto. Además de ineficaz para crear o blanquear empleo, la rebaja de contribuciones patronales desfinancia al sistema de salud y previsional, esto es, pone en riesgo en el mediano plazo el cobro de jubilaciones de nuestros mayores y por ende, el futuro de todas las trabajadoras y trabajadores activos.

Que la pretensión de discutir aumentos salariales por productividad impulsada por el gobierno para la próxima ronda de paritarias apunta a precarizar las condiciones laborales de los trabajadores. Concretamente, desde el Ministerio de Trabajo anuncian su deseo de que se incluyan mecanismos para que se reduzca la cantidad de trabajadores para una misma tarea, el ahorro en gastos que la patronal considere "superfluos" y la baja en el costo de la hora de trabajo por vía de "mayor eficiencia". Se trata de otro refrito de las políticas de flexibilización de la década del 90; en 1994 Cavallo impuso que todos los convenios tuvieran cláusulas de productividad, lo que no redundó en ningún tipo de beneficio.

Que la reforma en curso de Ley de Riesgos de Trabajo sólo agrava los peores aspectos de la misma. Se trata de una legislación que desde su sanción en 1995 nunca ha servido para cumplir con el mandato constitucional de garantizar las condiciones dignas y equitativas de labor y la salud de los trabajadores, sino que únicamente garantiza la rentabilidad empresaria. Desde ámbitos gubernamentales se vuelve a hablar de la "industria del juicio" como bandera mientras se implementan mayores obstáculos para las víctimas de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo.

Que los intentos de reformas intempestivas a la Justiciadel Trabajo, como el traspaso inconsulto de la Justicia Nacional a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, momentáneamente frenada gracias a la resistencia multisectorial de organizaciones gremiales, abogados laboralistas y trabajadores del sector, con los argumentos repetidos de una supuesta elevada "litigiosidad", expresan otro aspecto de la misma política de limitar o eliminar derechos y conquistas laborales obtenidos tras largos años de lucha.

Que el actual incremento de la desocupación -que este paquete de medidas, se argumenta, paliaría- es resultado directo de las supuestas medidas antiinflacionarias implementadas por el actual gobierno desde su asución: una política monetaria que se concentró en disminuir el dinero circulante y elevar las tasas de interés en detrimento de la inversión productiva, junto a la apertura irrestricta de la importación, llevando a la caída del empleo y de la industria. Muy por el contrario, la creación de puestos de trabajo se da mediante un incremento de la actividad económica y la demanda de bienes y servicios. Esto es especialmente cierto en nuestro país donde el consumo interno explica el 78% del Producto Bruto Interno.

Que vuelve la política de "techos" a los aumentos salariales en las paritarias, con el agravante de que se plantea desde el Gobierno Nacional que en la ronda negocial de este año se discuta la inflación futura, esto es, la que se prevé para el 2017, que según el presupuesto nacional sería de entre un 17% y un 20%. Desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina ratificamos que deben garantizarse paritarias libres, en las que los sindicatos que cuentan con salarios dignos puedan plantear como mínimo la recuperación del poder adquisitivo del salario, es decir, lo perdido en el año 2016, que según las estadísticas oficiales no bajará del 40%.

En este sentido también reafirmamos que con salarios dignos nos referimos al que cada trabajador y trabajadora tienen derecho, esto es, el Salario Mínimo, Vital y Móvil que según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, debe asegurar a los trabajadores "alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión", que según nuestras estimaciones supera los $ 25.000 a la fecha, y esto constituye un pilar fundamental de nuestra política gremial.

Los trabajadores aceiteros y desmotadores nos expresamos en el Plenario Extraordinario de Delegados de Base y en el 66º Congreso de nuestra Federación por el salario mínimo, vital y móvil como un derecho para toda la clase trabajadora, la eliminación de la tercerización y el sistema de contratistas y de toda forma de flexibilización laboral, la implementación de Comités Mixtos de Seguridad e Higiene Industrial para la integridad psicofísica del trabajador, la eliminación del impuesto a las ganancias, y el fin de los despidos y suspensiones.

Frente a la batería de anuncios flexibilizadores, insistimos en que la única manera de enfrentar la crisis económica es con salarios mínimos y vitales según su definición legal que, al tiempo que garantizan una vida digna a los trabajadores, motoricen el mercado interno, generando producción y empleo. Ante una agenda gubernamental y empresarial que va en sentido contrario, la forma de lograrlo es con la unidad de acción del movimiento obrero, con la herramienta fundamental de la huelga y un plan de lucha que lo sostenga.

Fuente: Sin Mordaza