El 3 de mayo de 2017, María de los Ángeles Paris, docente y bibliotecaria en la escuela Gurruchaga, entró a la seccional de Darragueira al 1100, pidiendo ayuda porque decía que dos motochorros le habían querido robar. Salió de la dependencia, intentó subir a un auto de una forma extraña y los policías la metieron en un móvil y la trasladaron a la comisaría donde finalmente apareció horas después, esposada y sin vida.
Desde hace seis años, la familia de la docente reclama incansablemente por justicia. La causa todavía no llegó a la instancia de juicio oral y público. En paralelo, a fines de diciembre de ese mismo año, siete meses después del hecho, se presentó una denuncia administrativa contra el fiscal Luis Schiappa Pietra, a raíz de una serie de graves irregularidades que detectaron en la investigación de la causa.
Sin embargo, desde el momento en que fue presentada, nunca volvió a haber novedades significativas sobre la misma. En su momento, la entonces auditora general de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (hoy titular del MPA), María Cecilia Vranicich, se excusó de decidir al respecto, alegando amistad con el acusado.
Enrique Font, abogado de la familia Paris, decidió poner en consideración del nuevo auditor Leandro Mai esta denuncia administrativa, con el objetivo de conocer qué ocurrió con ella y lograr algún avance en la misma.
Según lo informado al auditor general, se señala que con las irregularidades el fiscal Schiappa Pietra violó “lo establecido por la ley 13.013 y resoluciones propias del MPA, como la 12/14 ‘Instructivo para la investigación de apremios, severidades, vejaciones, apremios ilegales y torturas’ y la 26/14 ‘Protocolo de actuación en la escena del hecho’”.
“Asimismo, esas faltas graves configuran una violación de derechos humanos en tanto se tratan de un incumplimiento por parte del Estado a la obligación de realizar investigaciones con la debida diligencia y sin dilaciones, serias, exhaustivas, efectivas, imparciales e independientes para deslindar la responsabilidad ante una muerte en custodia aún no esclarecida”, continúa la misiva.
Esta solicitud se da en un momento en que el auditor general Mai se encuentra investigando el desempeño de la fiscalía rosarina, más precisamente de Matías Edery y Schiappa Pietra, ante los pedidos del senador Armando Traferri al MPA de que sean apartados de la investigación en su contra.
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