El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, concedió, a solo nueve días de dejar el poder, un indulto navideño que perdonó condenas de cárcel a militares y policías.
Entre ellos, se incluyen los responsables de la mayor masacre carcelaria registrada en el país, la de Carandiru de hace 31 años en San Pablo, que dejó 111 muertos, todos asesinados por fuerzas de seguridad.
El indulto es extensivo a todos los agentes que hayan sido condenados por crímenes culposos, o por actos realizados por "su deber de actuar" o "en razón de riesgos" enfrentados por las fuerzas de seguridad.
La medida beneficia a los 69 agentes que siguen vivos de los 74 que fueron condenados por los 111 homicidios de presidiarios cometidos en la cárcel de Carandiru en 1992 en San Pablo.
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Los agentes fueron condenados en juicios celebrados en 2013 y 2014, pero nunca fueron encarcelados debido a maniobras judiciales con las que sus abogados lograron dilatar los juicios de apelación en instancias superiores.
El decreto también beneficia a los condenados que hayan resultado afectados de paraplejia, cuadriplejia o ceguera, con posterioridad a la comisión del delito o por enfermedad grave permanente.
También se concederá indulto navideño a los agentes públicos de los organismos de seguridad que, en el ejercicio de su función hayan sido condenados por un hecho cometido hace más de 30 años.
El decreto también concede el indulto navideño a las personas mayores de 70 años, condenadas a pena privativa de libertad, que hayan cumplido al menos un tercio de la pena.
Según los análisis forenses presentados durante el juicio, los 111 muertos de Carandiru recibieron en total 515 balazos, entre ellos 126 en la cabeza, algo que para los grupos de derechos humanos constituye una prueba de que fueron ejecutados sumariamente, informó Ámbito.
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